Desde 1975, se conmemora el Día Internacional de las Mujeres. En esta fecha, mujeres y disidencias sexuales reafirman y reclaman la igualdad de derechos, y denuncian la desigualdad y discriminación de género.
Por la igualdad de derechos
El 8 de marzo se conmemora, desde 1975, el Día Internacional de las Mujeres. En esta fecha, mujeres de todos los continentes reafirman y reclaman la igualdad de derechos, y denuncian la desigualdad y discriminación de género.
Históricamente, la conmemoración de este día busca recordar y potenciar la lucha de las mujeres por los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, poniendo en la agenda pública las desigualdades a las que se enfrentan cotidianamente en los espacios públicos y privados en relación con los hombres. Por otra parte, desde hace algunos años, las personas lesbianas, gay, bisexuales y trans, que también viven las consecuencias de un sistema que reproduce estigma, discriminación y violencia, son parte de este colectivo que reclama por mayor equidad e igualdad de trato y oportunidades.
Es decir, que la igualdad sigue siendo un horizonte que hay que continuar construyendo, recuperando el recorrido de reflexiones, demandas y acciones emprendidas por el movimiento de mujeres y otras identidades de género.
El primer instrumento de protección internacional de los derechos humanos específico de las mujeres es la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CETFDCM; en inglés, CEDAW), de 1979. A partir de la CETFDCM, que goza de jerarquía constitucional en virtud del artículo 75, inciso 22, de la Constitución nacional, y del reconocimiento de la desigualdad que implica la exclusión o la imposibilidad de ejercer plenamente los derechos de las mujeres, es que se les exige a los Estados observar y actuar en función de esta realidad.
En el ámbito del derecho internacional se ha puesto especial énfasis en que, a la perspectiva de género en el tratamiento de los diversos problemas sociales y sus respuestas desde las políticas públicas —esto incluye a la educación—, se le debe sumar asimismo el enfoque de interseccionalidad. Es decir, dar cuenta de cómo el género se entrelaza con la edad, la condición social y cultural, la orientación sexual, la identidad y expresión de género, la discapacidad, la etnicidad, el lugar de nacimiento o residencia, el color de la piel entre otras categorías, que contribuyen a que las distintas situaciones de discriminación o violencia adquieran una singularidad que debe ser atendida.
¿Por qué el 8 de marzo?
Entre los antecedentes alrededor de esta emblemática fecha se encuentran las numerosas huelgas por mejoras salariales, reconocimiento sindical y derecho al sufragio sostenidas por obreras y feministas socialistas norteamericanas entre 1908 y 1910, que llevaron a la proclama del «Día Nacional de la Mujer» el 28 de febrero de 1909, por parte del Partido Socialista de los Estados Unidos, en solidaridad con otras movilizaciones ocurridas en ciudades como Chicago y Nueva York.
Hacia 1910, se desarrolló la segunda Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas, en Copenhague. El tema central fue el sufragio universal para todas las mujeres, y por moción de Clara Zetkin (Clara Eissner, de nacimiento), líder del «levantamiento de las 20.000», se proclamó oficialmente el 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, en homenaje a las mujeres caídas en las huelgas de 1908.
El 25 de marzo de 1911, pocos días después de la primera celebración del Día Internacional de la Mujer Trabajadora en Alemania, Austria, Dinamarca y Suiza, en la fábrica Triangle Shirtwaist de Nueva York se produjo un incendio que se cobró la vida de 146 de trabajadoras textiles. Estas mujeres, en su mayoría inmigrantes, habían sido encerradas por sus patrones, sin posibilidad de escape. Este evento propulsó la atención mundial sobre las luchas de las mujeres y del feminismo por sus derechos civiles, laborales y políticos, lo que motorizó la modificación de la legislación laboral en los Estados Unidos, las campañas sufragistas con el lema «Pan y rosas», la organización de centrales obreras femeninas en todo el mundo y el reconocimiento creciente a escala internacional de la importancia del 8 de Marzo.
Más cerca en el tiempo, en 1975, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) designó oficialmente el 8 de marzo como Día Internacional de la Mujer. Luego, en 2011, se conmemoró el centenario de los acontecimientos que dieron origen a esta fecha emblemática con la premisa de igualdad de género y el empoderamiento de la mujer (ONU Mujeres).
La democracia: un escenario para impulsar la lucha por los derechos de las mujeres
El retorno de la democracia y del Estado de derecho en la Argentina, el 10 de diciembre de 1983, supuso una fuerte presencia en el espacio público de distintos movimientos y actores sociales, políticos y culturales. En ese contexto, el movimiento feminista reapareció en las calles, creció, se fortaleció y manifestó sus demandas de ampliación de derechos para las mujeres. Aun en los últimos años de la dictadura, este movimiento se había ido expandiendo a partir de la creación de algunas agrupaciones centrales en la transición democrática, como Lugar de Mujer y ATEM-25 de noviembre. En los años siguientes, el movimiento siguió creciendo, con la aparición de diversas organizaciones y publicaciones emblemáticas: la Multisectorial de la Mujer (1984), la revista Unidas (1986), los Cuadernos de Existencia Lesbiana (1987), la revista Feminaria (1988), la Comisión Feminista por los 20 años de la Segunda Ola Feminista (1989), entre muchas otras.
Además de la reivindicación por la ampliación de derechos, en los años ochenta el movimiento feminista argentino instaló como tema prioritario en su agenda el problema de la desigualdad y la violencia contra las mujeres. Así surgió, en 1983, desde el seno del feminismo, el Tribunal de Violencia contra la Mujer, que acuñó, tempranamente, el concepto de feminicidio para referirse a la especificidad de estos crímenes. Asimismo, durante el primer Día Internacional de la Mujer conmemorado en las calles, el 8 de marzo de 1984, el problema de la violencia contra las mujeres estuvo presente en las pancartas y panfletos repartidos en la Plaza de los Dos Congresos.
En este contexto, el movimiento de mujeres logró que algunas de sus reivindicaciones históricas se convirtieran en derechos a partir de una serie de avances legislativos y de políticas públicas. Entre las conquistas más significativas es posible mencionar la patria potestad compartida (1985) y la ley de divorcio vincular (1987).
Asimismo, gracias a la lucha y persistencia en los reclamos, los derechos de las mujeres se fueron ampliando en los años noventa a partir de la ley de cupo femenino (1991) y de las primeras leyes de prevención de la violencia dentro de la familia (1997).
Un hecho político significativo ocurrió en nuestro país en las elecciones de octubre de 2007, donde por primera vez una mujer, Cristina Fernandez, ganó las elecciones y se convirtió en la primera mujer presidenta. En 2011, fue reelegida en su cargo. Durante sus mandatos, el Congreso de la Nación aprobó algunas leyes trascendentes en términos de derechos humanos, como por ejemplo la del matrimonio igualitario y la ley que reconoce la identidad de género como un derecho de todas las personas.
A pesar de los avances legislativos en materia de género en la posdictadura, los reclamos y las denuncias del movimiento de mujeres contra la violencia, la discriminación y la desigualdad continúan teniendo vigencia. Después de décadas de lucha, muy recientemente, en el año 2020, el Congreso de la Nación sancionó dos leyes importantes: por un lado, la llamada popularmente «ley de los 1000 días», que garantiza acompañamiento y asistencia durante el embarazo a las mujeres y personas con capacidad de gestar y a niños y niñas hasta los 3 años que así lo requieran. La otra normativa que se aprobó reconoce y garantiza el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo a las mujeres y a las personas con capacidad de gestar hasta la semana 14, inclusive, del proceso gestacional.
Esta ha sido una de las demandas históricas del amplio movimiento de mujeres para que la autonomía y la libertad de decisión sean una realidad efectiva a la hora de ejercer los derechos sexuales y reproductivos.
Dos problemáticas sociales para pensar la desigualdad de género: la violencia machista y la división sexual del trabajo
«Ni una menos» es la expresión que desde 2015 se ha ido constituyendo en uno de los emblemas más claros y populares vinculados a la violencia de género. El 3 de junio de ese año, y luego de un femicidio que tuvo gran repercusión pública, la sociedad entera salió a las plazas y a las calles de todas las ciudades del país mostrando el repudio colectivo a la violencia de género en su expresión más brutal.
En los últimos años, las marchas por el Día de la Mujer se realizan masivamente en diferentes ciudades de nuestro el país. Entre sus consignas destacan las proclamas de «Nosotras Paramos», «Ni una menos» y «Vivas nos queremos», pues la violencia de género es otro de los nudos centrales que atraviesan las experiencias de las mujeres y las personas LGTBIQ+. En la Argentina hay un femicidio cada 18 horas y cientos de personas travesti y trans mueren por la violencia a la que son sometidas a lo largo de su vida sin acceso a los derechos básicos.
El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (Comité CEDAW) —órgano de supervisión de la CETFDCM—, afirmó en la Recomendación General 19 que «la violencia contra la mujer es una forma de discriminación que inhibe gravemente la capacidad de la mujer de gozar de derechos y libertades en pie de igualdad con el hombre», de modo que los Estados deben adoptar medidas efectivas para superar todas las formas de violencia basadas en el género. A su vez, la Recomendación General 35 del año 2017 complementa y actualiza ese alcance, haciendo hincapié en que la violencia está basada en el género y debe leerse conjuntamente con la «expresión «violencia por razón de género contra la mujer» como un término más preciso, que pone de manifiesto las causas y los efectos relacionados con el género de la violencia».
En ese mismo sentido, cabe mencionar que en el ámbito de Naciones Unidas se aprobaron en 2016 los «Principios sobre la aplicación de la legislación internacional de derechos humanos con relación a la orientación sexual y la identidad de género» (Principios de Yogyakarta). Este documento no es un instrumento jurídicamente vinculante, pero establece estándares legales para guiar la actuación de los Estados y otros agentes en materia de prevención y erradicación de la violencia, abuso y discriminación sistemática que sufren las personas LGBTIQ+.
El propio manifiesto del colectivo «Ni una menos» plantea:
«Parar, detener la vida cotidiana, hacer evidente nuestra producción de todos los días en tareas de cuidado y domésticas, en el trabajo formal y también en el informal, juntarnos para marchar desafiando una de las peores tormentas de la historia; todo eso nos permitió complejizar y a la vez volver disponible de qué modo la violencia patriarcal nos disciplina: no sólo en las relaciones interpersonales, también en los modos en que nuestra fuerza de trabajo es explotada y ni siquiera reconocida».
Eso que llaman amor es trabajo no pago
El núcleo duro de la desigualdad de género se encuentra en la problemática social de los cuidados, provocada por la división sexual del trabajo que regula las esferas de lo público y lo privado, lo productivo y lo reproductivo y también el imaginario de estos mundos como ámbitos escindidos. La distribución de las tareas de cuidado es inequitativa, está generalizada y recae mayoritariamente en las mujeres, personas travestis y trans u otras identidades feminizadas debido a que desde los estereotipos de género imperantes son vistas como «cuidadoras naturales», repercutiendo en las trayectorias de vida de estas personas.
Poniendo la lupa sobre la idea de sostenibilidad de la vida, los aportes de la economía feminista y de las teorías de la reproducción social dan cuenta de la importancia del trabajo doméstico no remunerado para la reproducción de la vida en un sentido amplio: todas las actividades y prácticas necesarias para la subsistencia cotidiana de las personas en nuestra sociedad.
Este trabajo, mayormente feminizado, tiene implicancias en la forma en la que las mujeres, personas travestis, trans, gay o lesbianas se insertan finalmente en el mercado laboral, ya que se espera que atiendan a estas tareas gratuitamente —pues es la manera preestablecida de demostrar cariño, amor o afecto—, mientras prestan otros servicios como trabajadoras formales e informales, muchas veces teniendo que, además, atravesar instancias de selección que aplican criterios discriminantes para el ingreso al trabajo. Por ejemplo, cuando le preguntan a una potencial trabajadora sobre su voluntad de tener hijo/as o si tiene parientes «a cargo».
Además de la dimensión de género, esta problemática está atravesada por la dimensión económica. Las tareas de cuidado, al no ser remuneradas, son invisibilizadas. No aparecen incorporadas a las mediciones de la economía y esto refuerza su escasa valoración social.
Las recomendaciones internacionales advierten a los Estados la importancia de contar con información estadística sobre el uso del tiempo. A partir de la Plataforma de Acción adoptada en la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer en Beijing (1995) se insta a los países a hacer estudios periódicos sobre el uso del tiempo para medir cuantitativamente el trabajo no remunerado y mejorar la información sobre las contribuciones de mujeres y hombres a la economía.
Resulta urgente atender a esta problemática, reconociendo que lo público y lo privado no son ámbitos escindidos, y que las tareas de cuidado son un trabajo que ocupa a las personas más allá de su identidad de género y que deben ser reconocidas como tal. Queda un largo camino para que se logre liberar a las identidades feminizadas de la responsabilidad excluyente sobre estas tareas, responsabilizando a los hombres por igual y rompiendo de este modo con algunos de los estereotipos de género que se encuentran más arraigados culturalmente en nuestra sociedad. La educación es, sin dudas, una vía para construir una sociedad diferente que se acerque cada vez a la igualdad de derechos de todas las personas.
